Tal día como hoy, un 19 de Marzo de 1812, las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, promulgaban la primera Constitución Española de corte liberal. En su momento fue una de las más liberales de su tiempo y bebía directamente de las fuentes de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Constitución Francesa promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791, donde por primera vez se instauraban los conceptos de monarquía constitucional y la separación de los poderes del estado. Quizás, uno de los párrafos que mejor simbolizan esas fuentes de inspiración es el preámbulo de la constitución francesa cuya esencia queda reflejada en la española:
«Los representantes del pueblo constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos«.
Bonito, ¿verdad? Tales eran los nobles principios que movieron la articulación de la Constitución Española de 1812, conocida popularmente como La Pepa por ser promulgada el día de San José. De un solo plumazo, establecía la soberanía como propiedad indivisible del pueblo, en contraprestación a las monarquías absolutistas precedentes y posteriores, y defendía nada más y nada menos que la monarquía de corte constitucional, la separación de los poderes del estado y la limitación de los del rey, el sufragio universal – aunque sólo masculino – indirecto, la libertad de imprenta e industria, el derecho de propiedad o la abolición de los señoríos. Su redacción se fundamentaba en un intento popular de acabar con el Antiguo Régimen y el establecimiento de un Régimen Liberal donde tenían cabida la supresión de la Inquisición y de los mayorazgos y el ensalzamiento de la libertad individual, los derechos personales y la libertad económica.
La Constitución de 1812, que fue publicada hasta tres veces a lo largo de la historia de España (1812, 1820 y 1836), se convirtió inmediatamente en un hito democrático transcendental de la primera mitad del siglo XIX, influyó a su vez en las posteriores constituciones europeas y, sobre todo, revolucionó los derechos y gobiernos de la mayor parte de los estados americanos. Su influencia a la hora de transformar al imperio colonial español en provincias del Estado central y convertir en ciudadanos de pleno derecho a todos los súbditos de la Corona, igualando a los ciudadanos de origen peninsular y sus descendientes con las castas e indígenas americanos, fue el germen que curiosamente desencadenaría una oleada posterior de Guerras de Independencia de las colonias americanas, en las que tuvo una gran trascendencia en sus nacientes legislaciones y organizaciones del Estado.
La Constitución Española de 1812 es un documento curioso de leer. En ella, se encierran grandes frases y nobles ideales, en ocasiones expresadas con una prosa no exenta de cierta dosis de ingenuidad vista con el prisma de nuestro actual punto de vista. Es posible que tendamos a creer que sus ideas eran simples, unidimensionales o incluso utópicas, pero encerraban una voluntad por cambiar el mundo tal y como era conocido y un ejercicio de voluntad política por articular un poder que realmente beneficiara a la parte de la sociedad más olvidada en el ejercicio de la política: el propio pueblo.Probablemente hay pocas muestras mejores de ello que mi artículo favorito de La Pepa, su célebre artículo 13:
«El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen«.
No obstante y pese a su carácter eminentemente liberal para la época, no podemos obviar que el texto restringía la libertad de culto al considerar a España exclusivamente como Estado confesional católico, prohibiendo taxativamente cualquier otra religión. Del mismo modo, no incluía el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, quienes ni siquiera alcanzaba el carácter de ciudadanía (de hecho, la palabra «mujer» sólo aparece escrita una única vez). Por otra parte, la constitución liberal tampoco beneficiaba los intereses de los campesinos – que constituían las tres cuartas partes de la población-, ya que les quitaba la propiedad jurisdiccional de la tierra que les permitía el usufructo de las mismas, sin contraprestación impositiva para la nobleza terrateniente.
Sea como sea, la sociedad española de principios del XIX no estaba preparada para un cambio tan profundo y La Pepa sufrió una fuerte oposición por parte de todos los estamentos del poder, con la monarquía, el ejercito y el clero al frente de ellos. Así, el 4 de mayo de 1814 Fernando VII decreta ilegales las Cortes de Cádiz y su Constitución con el beneplácito del campesinado. los militares liberales son arrestados, los disturbios acallados rápidamente por el ejército. Se restablece el Consejo de Castilla, se destituye a los alcaldes, se restablecen las capitanías generales, se reaviva la Inquisición y se persigue a los afrancesados.
Por su parte, en las colonias de ultramar se desencadena una corriente independendista que acaba con la mayoría de los territorios independizados de la corona española:
Sin embargo, la semilla del liberalismo ya estaba plantada en la sociedad española y acabaría por echar raíces con el lento paso del tiempo. Los estamentos que apoyaron la vuelta al absolutismo sufrieron una profunda decepción al no ver colmadas sus aspiraciones. Los campesinos nunca obtuvieron las ventajas que pretendían; más bien al contrario, la reforma sobre la tierra de Fernando VII benefició a la nobleza y a la burguesía, que siguieron acaparando la plena propiedad de la tierra, por lo que el campesinado acabó por volverle la espalda y acabó con las esperanzas carlistas.
Por otra parte, España se vió privada de una verdadera revolución burguesa – como en el resto de Europa -, tan necesaria para la futura creación de un tejido empresarial competitivo y fuerte a nivel internacional. La burguesía española se alía con la nobleza y da la espalda al campesinado, el colectivo que sí podía haberle ayudado a articular dicha revolución burguesa y quien más tenía que ganar y nada que perder. El pobre campesino español acaba condenado a su eterna condena de explotación y marginación social.
Finalmente, la economía española vive un convulso período de cambios drásticos con las desamortizaciones de Mendizabal y la reforma agraria y ganadera de Jovellanos que crea un cisma entre la oligarquía terrateniente castellano-andaluza – orientada hacia la apertura a los mercados europeos con la exportación de trigo y la atracción de inversores extranjeros en minas y ferrocarriles – y la burguesía textil y química catalana, que promueve una actitud autárquica. Entre ambas nace un enfrentamiento bipolar que representa la lucha entre el proteccionismo y el librecambismo y que provoca el respectivo alineamiento político con las secciones progresistas y moderadas del liberalismo español. Como consecuencia de todo ello, la frustración de las expectativas catalanas provocó la sucesiva emergencia de las corrientes demócrata, republicana, federal, cantonal para desembocar en el nacimiento de un proyecto nacionalista propio: el catalanismo.
Durante toda esta época tormentosa, se producen constantes bandazos políticos, donde se suceden violentamente gobiernos absolutistas y liberales y en el que los gobiernos de Isabel II (1833-1868) se alternan con los pronunciamientos militares de Espartero, Narváez, O’Donnell, Prim o Serrano. La irrupción de cada nuevo gobierno altera el orden y deroga los cambios anteriores relativos al equilibrio de poderes entre Rey y Parlamento, la libertad de prensa, el juicio por jurado, la función de los ayuntamientos, la extensión del derecho de sufragio o el tratamiento del orden público. Y, por supuesto, cada uno de estos gobiernos arrastraría su correspondiente texto constitucional:
- La Constitución liberal de 1812
- Su total supresión en la restauración del absolutismo (1814-1820)
- Su reposición en el Trienio Liberal (1820-1823)
- Una nueva supresión durante la Ominosa Década (1823-1833)
- La redacción de una Carta Otorgada que devolvía ciertos derechos por voluntad de la monarquía (Estatuto Real de 1834)
- La constitución doctrinaria basada en el sufragio restringido (Constitución de 1845)
- la constitución democrática de 1869.
- Finalmente, una nueva constitución (1876), ambigua e indefinida, que fue la que más perduró en el tiempo.
En otras palabras, el nacimiento de la primera Constitución Española liberal tuvo una doble consecuencia: supuso la base que ayudó a la sociedad española a iniciar una irreversible transición hacia un futuro gobierno de corte moderno y democrático pero también fue el golpe de gracia que provocó la definitiva destrucción del mayor imperio mundial de los siglos XVI y XVII y creó un cisma entre los españoles que se materializó con el nacimiento de las dos españas: la del campesinado pobre, inculto y explotado y la burguesía y oligarquía rica, acomodada y explotadora, la del centralismo continuista y la del independentismo transgresor, la del liberalismo salvaje, revanchista y revolucionario y la del conservadurismo recalcitrante, engreído y arcaico.
Llevado a sus últimas consecuencias, podemos decir que nuestra querida Pepa, sin quererlo, supuso el alfa y el omega del orgullo español y de la fortaleza de toda una nación histórica. Y es que, a veces, el análisis más profundo de la historia desvela y evidencia las enigmáticas ironías que caracterizan a la sociedad humana.
Eso sí, en todo este tiempo hubo una realidad que se mantuvo impoluta con el paso de los años y que todavía hoy sigue plenamente vigente: el absoluto desprecio y total indolencia de la clase política española hacia sus ciudadanos, convertidos en meros articuladores de legitimación política a través de sus votos fáciles de manipular y sus opiniones, fáciles de orientar. Tal vez tengamos la tentación de pensar que tenemos lo que nos merecemos, pero es difícil que en un sólo país se acumulen tantas generaciones de malos políticos, pobres gobernantes y pésimos gestores, tantos que durante dos siglos se han convertido en una plaga que no ha dejado nunca de erosionar la moral de esta tierra y se ha convertido en un obstáculo que nos ha obligado a aprender a crecer a pesar de nuestros políticos y no gracias a ellos.
¡Viva la Pepa! fue el grito que proclamaron hace dos siglos, que se dicen pronto, los liberales españoles cuando vieron nacer la Constitución de Cádiz. Aquel grito alcanzó una popularidad tal que, incluso durante los años de represión política que siguieron, su rotundidad y familiaridad acabaron por convertirlo en el que posiblemente sea primer lema político de la edad contemporánea. El paso del tiempo y el uso peyorativo del grito que le dieron los enemigos políticos de los liberales, terminaron por imponer su empleo como sinónimo de anarquía, improvisación, desorden o vagancia. Así que hoy, doscientos años después de que nuestra amada y vanagloriada Pepa viera por vez primera la luz, no nos queda más remedio que levantar la copa por nuestros políticos y brindar por ellos citando la frase que mejor los describe:
¡¡¡Que viva la Pepa!!!
Invicturs 
Deja una respuesta