La práctica totalidad de los países del mundo contempla un mecanismo de control externo hacia su poder ejecutivo: el principio de irresponsabilidad política, aplicado a la jefatura del estado.
Históricamente, esta figura fue creada para defender la inviolabilidad de las decisiones tomadas por el poder fáctico del estado, que recaía en un rey, caudillo o noble cuya legitimidad le era concedida por privilegio de nacimiento o por derecho divino, en función al tipo de gobierno al que nos refiramos. De este modo, un poder que provenía de fuerzas superiores a las humanas no podía ser cuestionado por los hombres.
En la práctica, el objetivo que pretendía cumplir esta figura era el evitar situaciones de descapitalización en la representación del estado, teniendo en cuenta que se trataban de regímenes donde existía una elevada concentración de poder de facto en una sola persona, que estaba permanentemente expuesta a sucumbir en guerras, atentados o magnicidios.
La irresponsabilidad del máximo responsable
Actualmente, la mayoría de los países desarrollados con recorrido histórico ostentan una doble cabeza del estado. Por una parte, existe un Jefe de Estado que cumple un papel representativo y/o consultivo, cuyas decisiones no son cuestionadas por estar protegidas por la figura de la irresponsabilidad política, lo que, en realidad, no es especialmente determinante puesto que no juegan un papel activo en la vida política del país mas allá del de la representación oficial, la capacidad de refrendo y sanción y el sentido de cohesión estatal e histórico. Ejemplos de estas jefaturas son los monarcas de países con democracia representativa (como España, Suecia o Bélgica) o los jefes de estado en los sistemas republicanos, como Francia.
Por otra parte, existe un Presidente del Gobierno o Primer Ministro, cargo que ejerce el poder ejecutivo como máximo representante del partido en el poder. El Presidente constituye el gobierno, crea el gabinete de ministros y decide la política social y económica del país. Este segundo representante sí puede rendir cuentas sobre las actuaciones de su gobierno y las decisiones que toma en contra de la Ley y la Constitución. Al menos, en teoría.
En la práctica, es la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) la que diluye la responsabilidad de estas decisiones, quedando sólo la improbable posibilidad de sentar a un Presidente en el banquillo de un tribunal en caso de ser imputado en una causa penal – e incluso en estos casos, el equilibrio de poderes entre el partido del gobierno y la oposición, los favores políticos o el sentido de responsabilidad por mantener el status quo, impiden que sea frecuente esta situación, con un costoso impacto sobre la imagen pública de una nación-.
En el caso de las sociedades anglosajonas, cuyo poder judicial se construye sobre la base de la jurisprudencia, las costumbres y usos, existe una figura legal conocida bajo el nombre de impeachment, mediante la cual se puede procesar a un alto cargo público. Evidentemente, en Gran Bretaña, la jefatura del estado queda excluida, al recaer en la persona de la reina cuyo poder también está protegido por la irresponsabilidad política.
En Estados Unidos, la Constitución garantiza que todo alto funcionario, excepto los miembros del Legislativo, pueda ser procesado por causas relativas a delitos graves. Este proceso se inicia desde el Congreso y es ejecutado por el Senado. El eventual castigo que conlleva una sentencia condenatoria consiste en la destitución del acusado y su inhabilitación para desempeñar otros cargos públicos. Nada se comenta de penas de privación de libertad o consecuencias económicas.
Sin embargo, incluso para estos casos, hay atajos legales que protegen al poder ejecutivo. Para condenar al acusado son necesarias las dos terceras partes de los votos de los senadores, algo difícil de llevar a la práctica en tanto en cuanto el propio Senado suele estar constituido por una mayoría del mismo partido político del Presidente. Quizás sea ésta la razón por la que, de los 14 procesos de impeachment iniciados a nivel federal en Estados Unidos, sólo 4 acabaron con una resolución condenatoria. Este dato desvela la verdad que hay detrás del impeachment: se trata de un sistema jurídico básicamente destinado a proteger al presidente de los Estados Unidos y a su comité. Por tanto, no existe una diferencia sustancial con el resto de países.
La figura de la irresponsabilidad política afecta a las decisiones ejecutivas tomadas durante un mandato y protege sobre cualquier intento futuro de exigir responsabilidades al mando del Estado sobre dichas decisiones. Por tanto, el máximo mandatario obra con libertad y a merced de su propio juicio, sin mostrar mas preocupación sobre las consecuencias de su política que las que se generen respecto a la opinión pública y a la tendencia electoral. Nadie puede reprocharle nada ni asume culpa sobre sus decisiones personales.
Quizás suene escandaloso expresado así. Pero, en realidad, esta figura no debería sernos demasiado extraña. Hay otro modo de impeachment, aunque no escrito, que también nos beneficia a cada uno de nosotros.
Cualquier país cuyo régimen político se sustente sobre la base de una democracia universal representativa asume que la soberanía, en última instancia, pertenece al pueblo, y que ésta es inviolable y está por encima de cualquier tipo de poder. Los ciudadanos, entendidos como conjunto, son libres de actuar como consideren oportuno en función de su conciencia, siempre que lo hagan dentro de los límites que establece la Ley y la Constitución. La opinión mayoritaria ciudadana es la que marca el tipo de gobierno que quiere tener (a través del sistema electoral), decide sobre las cuestiones fundamentales (referéndum o consultas ciudadanas) e incluso modera, modifica o impone leyes (por sufragios populares o recogidas de firmas).
Los ciudadanos ejercen sus derechos de modo grupal como suma de un conjunto de voluntades individuales y la Ley les protege para que estas voluntades decidan, sin ningún tipo de coacción ni limitación, en absoluta libertad. Y, dicho sea de paso, con total impunidad.
Paradójicamente, en nuestra libertad reside el que posiblemente sea uno de los problemas endémicos de nuestra sociedad, de la sociedad de cualquier país avanzado.
Poniéndonos en lo peor, la Historia nos ha dado innumerables pruebas de casos en los que las voluntades de los individuos han promovido gobiernos y sistemas que actuaban en contra de su propio bien o el de la Humanidad. No podemos olvidar que líderes carismáticos como Hitler o Mussolini fueron elegidos por el voto de ciudadanos libres. No podemos dejar de tener en cuenta que movimientos de voluntad mayoritaria popular encumbran y legitiman aún hoy en su poder a golpistas, asesinos, tiranos, torturadores, payasos que roban y destruyen las esperanzas de sus naciones: Venezuela, Cuba, Bolivia…
Una responsabilidad compartida
¿Podemos eludir nuestra culpa cuando votamos a un partido o a un político que es potencialmente perjudicial para nuestro país, solo por motivos de inercia de voto o por causas incluso más estúpidas como la simpatía que nos despierta?
Pero nuestra responsabilidad individual llega incluso aún mas lejos; no solo sobre nuestras decisiones, sino sobre nuestro comportamiento. ¿Estamos libres de cualquier responsabilidad cuando actuamos en contra de los intereses de nuestro país, al eludir cuantos impuestos nos sean posibles, al fomentar la usura, al explotar a nuestros empleados, al no potenciar la conciliación laboral y familiar, al inflacionar nuestra economía vendiendo nuestros pisos por encima del precio lógico del mercado, al aceptar leyes o decisiones políticas que están en contra de la integridad de nuestra nación, al omitir nuestro apoyo o nuestra protesta cuando vemos casos de abusos de poder, al actuar contra el medio ambiente?
Nosotros también actuamos respaldados por nuestro impeachment particular bajo un paraguas de absoluta impunidad hacia nuestros actos, decisiones u omisiones que, aún entrando dentro de los límites de lo que acoge – o no castiga – la Ley, obran en contra de los intereses de nuestro estado, nuestra nación y nuestros conciudadanos. ¿O acaso pretendes engañarte a tí mismo pensando que nunca has colaborado con alguno de los casos antes mencionados?
La representación ciudadana también se encuentra sometida a presiones y manipulaciones. En ocasiones, la masa se convierte en turba. En otras, se deja llevar por razones que atienden mas, verbigracia, al corazón que a la propia razón. En este sentido, ¿es lícito dejar una parte, por muy ínfima que sea, de la responsabilidad de elegir un gobierno en manos de alguien que toma sus decisiones sin tener suficientes criterios para hacerlo desde un punto de vista reflexivo y responsable, o peor aún, que decide en perjuicio del interés colectivo con perniciosidad, premeditación y alevosía, y después otorgar total impunidad a su voluntad? Un elector, un votante, deberia demostrar encontrarse en plena capacidad intelectual para poder ejercer su voto, debería justificar que sabe tomar una decisión, que puede argumentarlo y que, en el pasado, no actuó en contra de los intereses colectivos.
Es verdad que, queramos o no, éste nuestro es el mejor sistema, o al menos el menos malo, de los que hoy por hoy existen. Pero permitirme desear que ojalá llegue el día en el que alguien sepa encontrar algún método en el que se pueda evaluar o ponderar el raciocinio que cada uno aplicamos sobre las decisiones que tomamos y compartir las responsabilidades de las consecuencias que sobre ellas tenemos.
En todo caso, cuanto menos, reflexionemos un poco sobre ello la próxima vez antes de valorar con tanta ligereza las decisiones que toman nuestros políticos. Al fin y al cabo, ellos también son humanos, personas, ciudadanos. Como tú y como yo.
Y son culpables y responsables de sus actos. Como tú y como yo.
Invicturs 
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